La justicia y su impacto en la economía

Empezamos a tratar este tema a partir del minuto 11.50

El funcionamiento de la Justicia en España siempre ha sido un tema polémico, y aunque haya saltado intermitentemente a la agenda mediática por temas de fondo puntuales más que procesales o logísticos (sobre todo asuntos que por su supuesto de hecho parecen ser de mayor interés general, como por temas derivados de la violencia de género, la corrupción, libertad de expresión, independencias varias, etc.) lo cierto es que existe una problemática constante en el tiempo a la que no se le da la importancia social, mediática y política que realmente merece; la ineficacia de la Justicia en España.

Este problema es uno de los que más trascendencia tienen en el devenir de nuestra sociedad, toda vez que influye de forma determinante en la aplicación de la propia justicia en el tiempo en que debe aplicarse para ser tal, además de influir negativamente en el crecimiento económico de España, con todas las consecuencias que ello implica.

En esta materia, entre otras, es en la que queremos centrarnos en esta ocasión en nuestro programa 40 de Susurros Jurídicos; en la afección que tiene la eficacia del mal funcionamiento de la Justicia en el tejido económico de nuestra sociedad y, concretamente, en el sector de la abogacía y sus clientes.

Antes de meternos en materia, cabe reflejar algunas de las consecuencias de este déficit que tenemos en España en cuanto a la capacidad de los Juzgados de hacer frente a todo el volumen de asuntos que deberían solventar en el tiempo adecuado para que puedan verse satisfechas las legítimas pretensiones de los litigantes.

Así, por ejemplo, en nuestro país el tiempo de resolución en primera instancia se encuentra por encima de la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)[i]. Relacionado con ello, durante la pasada recesión España registró una de las tasas de litigación, ya sea en relación con el PIB o en términos per cápita, más elevadas de la OCDE[ii].

En este sentido, al igual que manifestamos y concretamos en el programa, D. Juan S. Mora-Sanguinetti, con libros como La factura de la injusticia: Sistema judicial, economía y prosperidad en España (Ventana Abierta), en su publicación sobre el impacto de la eficacia de la Justicia en la inversión empresarial en España demuestra que existe una robusta relación negativa o inversa entre la inversión económica en las provincias de España y la eficacia de la Justicia.

En su estudio, cruza la información sobre más de 650.000 empresas españolas con la base de datos del Consejo General del Poder judicial sobre el funcionamiento del sistema judicial a escala local durante el período 2002-2016.

Concretamente, se basa en la Tasa de Congestión, es decir, la cantidad de asuntos nuevos y pendientes de resolución por cada asunto resuelto en nuestros Tribunales.

Habida cuenta de que la situación derivada de la COVID-19 ha congestionado aun más[iii], si cabe , nuestros Juzgados y Tribunales (ejemplos varios en general  y sobre todo en lo social) la situación lejos de mejorar ha empeorado.

Derivado de ello, y aquí el interés de este estudio en lo que nos ocupa, existe una relación negativa entre el promedio de la tasa de inversión a escala provincial (calculada a partir de los datos de la CBI) en España durante el período 2002-2016 y la tasa de congestión judicial en la jurisdicción civil, concluyendo por un lado, que la ineficacia del sistema judicial en base a su tasa de congestión tiene un impacto negativo y significativo sobre la bonanza en el tejido empresarial de España.

Esto se ratifica además, por distintos organismos de entidad (como la propia OCDE y el  Banco de España), que coinciden en una afirmación, una justicia eficaz conlleva siempre un crecimiento económico del país.

La propuesta de cambio, aunque lleve siendo la misma desde hace años: aumentar los recursos de nuestro sistema judicial y, con ello, su eficacia, al objeto de aumentar la inversión económica en España[iv].

Sobre esto, y en actualización con los datos derivados de la situación COVID-19, se aporta el siguiente cuadro del Informe 2020 del Observatorio de la Actividad de la Justicia de la Fundación Wolters Kluwer:

Así las cosas, siendo clara la relación negativa entre el deficiente funcionamiento de la Justicia y la bonanza económica, hemos de señalar que este perjuicio al ámbito empresarial es especialmente pronunciado, por razones evidentes, en el sector de la abogacía[v], toda vez que el daño que conlleva se produce en el desarrollo de nuestra actividad, en el funcionamiento de nuestros despachos y la propia existencia de clientes interesados en establecerse en España y litigar en sus Tribunales. Ello se puede traducir en muy diversos aspectos, tanto económicos como morales y profesionales.

Por empezar por lo más obvio, muchos asuntos que pueden plantearse por la vía judicial y tendrían una solución definitiva, legal y objetiva, siendo en muchas ocasiones claras y simples jurídicamente, con todas las garantías que nuestro sistema procesal puede proporcionar si se aplicase en tiempo y forma adecuados, simplemente no se plantean, ni se llevan a los abogados, o se satisfacen parcialmente por vías extrajudiciales, por el simple temor (fundado) a que el proceso se dilate en el tiempo, bajo el miedo a no ver nunca satisfechas las pretensiones del cliente.

Esto ya no solo afecta económicamente al devenir de los despachos y a la creación de mayor tejido empresarial jurídico en nuestro país, sino que vulnera el propio derecho a la tutela judicial efectiva; la justicia no es justicia si no se aplica en forma y en el tiempo debido.

En similar sentido, los diversos retrasos en vía jurisdiccional provocan que, aunque se alcance un resultado final satisfactorio, el interés del cliente no se satisface, ya sea porque la resolución no responde ya a su pretensión directamente, o porque el perjuicio que pretendía evitar ya se ha producido (ya sea jurisdicción civil, lo penal, social o administrativo).

El sentido económico de la eficiencia de la Justicia repercute de una manera más directa sobre la economía, si un juzgado es rápido y eficiente provoca la generación de ingresos indirectos en la economía , tales como las minutas generadas por los profesionales que participan el pleito (abogados, procuradores , peritos) generando sobre las mismas ingresos por el IVA devengado y por el IRPF, pero existen beneficios indirectos mayores como el cobro de indemnizaciones laborales o civiles , resarcimiento de deudas… que provocan que el dinero se movilice.

Esta eficiencia repercute también en los procedimientos mercantiles y  más concretamente en los concursales, pues si existiese una justicia rápida , la realización de bienes, la gestión de los trabajadores, la responsabilidad de los administradores… provocaría que posiblemente muchas empresas vieran reducido sus perjuicios y muchos puestos de trabajo no se viesen perjudicados.

Por supuesto, salvando todas las problemáticas anteriores, los retrasos de los actos judiciales provocan la demora en el cobro de los honorarios de los abogados, pues el devengo de éstos suele vincularse a la celebración de aquellos, por lo que el largo plazo de los señalamientos o una suspensión vinculada a un defectuoso funcionamiento (notificaciones, emplazamientos, etc.), trastocan tal derecho al cobro de realidad a proyecto inalcanzable.

La estrategia procesal de búsqueda de la dilación se evitaría, accediendo a una justicia donde la perdida de tiempo no formase parte del procedimiento, evitando pleitos absurdos y provocando el acuerdo previo.

En cuanto a la negativa repercusión psicológica en el abogado derivado de esta deficiencia también es palpable, ya que si partimos de la presión que implica todo lo anterior, y le sumamos el hecho de que cuando la Justicia no funciona  el cliente suele reaccionar transmitiendo su frustración al abogado. Esto genera situaciones tensas que afectan a nuestra imagen, consideración y  trabajo. Por descontado, habría que añadir a este mosaico de presiones las agendas sobrecargadas y la saturación derivada de sobrellevar lo anterior junto a la carga inherente al ejercicio profesional: limitaciones en la proposición de pruebas, reducción del tiempo para informar, restricciones durante los interrogatorios y exposiciones orales ante los Jueces y Magistrados, etc.

En definitiva, el déficit del funcionamiento de la Justicia en España tiene una influencia negativa en el crecimiento económico de este país, ello incide mucho más negativamente en el sector de la Abogacía, habida cuenta del perjuicio económico, profesional y psicológico que repercute en nuestra esencial profesión y en las personas a las que tratamos de defender en un contexto procesal poco propicio para que vean sus legítimas pretensiones satisfechas.

Una justicia no aplicada adecuadamente en el tiempo, no es justicia, y es nuestra labor como abogados y como sociedad reclamar los cambios necesarios para que nuestro sistema judicial goce de los medios personales y materiales necesarios para ello.

En este programa 40, también abordamos el si es legal el sexo oral como pago a las deudas.


[i] Juan S. Mora-Sanguinetti, en su publicación sobre el impacto de la eficacia de la Justicia en la inversión empresarial en España, afirma que la duración de un litigio en primera instancia en España es de 272 días, superior a la media de la OCDE (238 días).

Este resultado está en línea con el publicado por la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia, que sugiere que los tribunales españoles necesitarían 318 días para resolver un conflicto, frente a los 237 días que necesitarían, en promedio, los tribunales de los países que participan en la Comisión. Véanse Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (2016), Mora-Sanguinetti, Martínez-Matute y García-Posada (2017) y Palumbo et al. (2013).

[ii] Véase Palumbo et al. (2013).

[iii] https://www.lawandtrends.com/noticias/justicia/la-congestion-judicial-empeora-un-11-con-la-pandemia-1.html

[iv] https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/11/18/legal/1605726720_194297.html

[v] Percepciones compartidas por el compañero Óscar Fernández León en https://www.legaltoday.com/gestion-del-despacho/recursos-humanos/cuando-el-mal-funcionamiento-de-la-justicia-afecta-al-abogado-2021-06-07/

Publicado por G P E

Buscando un fin constructivo para el desarrollo de nuestra profesión , presentando sistemas de perfeccionamiento de la misma , admitiendo, analizando y valorando todas las ideas que lleguen , siempre intentando actuar con el respeto que el ejercicio en la lucha de la justicia se merece. Mis comentarios pueden variar en base a los argumentos que se reciban en vuestros comentarios.

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